Quito, 5 mar (Prensa Latina) Defensores de derechos humanos de Ecuador denunciaron hoy que el contexto de estado de excepción y conflicto armado interno en el país desencadenó una «guerra contra las personas empobrecidas y racializadas».
Representantes de diferentes colectivos de la sociedad civil afirmaron este martes que la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado se utiliza en estos momentos como bandera blanca para perpetrar injusticias, principalmente contra aquellos de clases bajas y afrodescendientes.
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, aseveró que la militarización de cárceles y calles no reduce la criminalidad y, por el contrario, sí aumenta la violación de derechos.
Manifestó que tienen constancia de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los militares hacia reos de cárceles que eran controladas por las bandas criminales hasta la llegada de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con Bastias, desde el Gobierno venden una falsa política de seguridad y piden prácticamente aceptar las violaciones de derechos en aras de lograr la paz.
El portavoz del CDH cuestionó la campaña de estigmatización contra los activistas y defensores de derechos, a quienes el propio presidente Daniel Noboa ha llamado de «antipatrias».
La coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrovo, manifestó que antipatria es no cumplir con las sentencias judiciales, una referencia a la propuesta de Noboa de prorrogar el cierre del campo petrolero en el Parque Nacional Yasuní a pesar de lo dispuesto por la Corte Constitucional y la consulta popular.
Antipatria es plantear una guerra para imponer medidas económicas que aumentan la brecha de desigualdad, subrayó Idrovo en relación con las recientes decisiones adoptadas por el mandatario.
Desde la organización Mujeres del Frente Nadia Rivadeneira expresó preocupación por el discurso de odio punitivista contra personas racializadas y empobrecidas.
Nos hacen creer que es una guerra de dos bandos y ese discurso de ‘Bukelización’ está calando en el país sin profundizar en las causas detrás de la criminalidad, sentenció Rivadeneira.
Representantes de otras organizaciones, como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Alianza por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y Acción Ecológica, coincidieron en denunciar la existencia de causas estructurales que provocan el escenario de violencia, como la pobreza, con miles de niños y jóvenes que han desertado del sistema escolar, el empleo, la seguridad social y la justicia.
El presidente Noboa decretó estado de excepción el pasado 8 de enero tras una ola de actos violentos y al día siguiente declaró la existencia de un conflicto armado interno.
Las operaciones policiales y militares desde entonces han dejado más de 11 mil 700 detenidos, según cifras oficiales.
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